Al iniciarse la década de los setenta, había en diferentes puntos geográficos del País, grupos de contadores públicos que no comulgaban con la manera en que se venían haciendo las cosas en las únicas agrupaciones de profesionales de la Contaduría Pública existentes en esas épocas.
Sentían un ambiente cerrado y asfixiante debido principalmente al control absoluto que los despachos transnacionales ejercían en la mecánica de admisión de nuevos asociados, en la organización y en la administración de la vida de los colegios, las más de las veces manejados en forma prepotente por un reducido grupo de personas.
Criterios como los que se manejaban entonces de reconocer como contador público colegiable sólo a aquellos que ejercían en forma independiente y no a quienes trabajaban en el sector público, la docencia, en el sector privado de manera dependiente o en otras labores, desunían en lugar de aglutinar.